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Las actividades de la Fundación Supervisión Ciudadana por la Democracia llevadas a cabo por ciudadanos, para los ciudadanos, por los ciudadanos, se enmarcan en la esencia misma de la democracia. Así lo reconoce la Constitución ecuatoriana. De tal forma que estos esfuerzos no solo son responsabilidades democráticas esenciales, sino que además están legitimadas jurídicamente por la norma suprema.
Artículo 61, numeral 2, declarando que los ecuatorianos gozan del derecho a participar en asuntos de interés público. Artículo 102, que señala que los ciudadanos pueden individual o colectivamente presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles del gobierno 
Artículo 61, numeral 5, declarando el derecho de los ecuatorianos a fiscalizar los actos del poder público.  Artículo 204, que declara que “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación.” 
 Artículo 83, numeral 8, señalando la responsabilidad de los ecuatorianos de administrar el patrimonio público y denunciar actos de corrupción  

 

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