Dr. c

Quizá en un par de terabytes de memoria podrían recogerse y documentarse los casos de corrupción de estos últimos 5 años en el Ecuador (ojo, no diez), donde el denominador común es la impunidad. La impunidad permite que el respeto y la vigencia de las leyes sea un mero “brindis al sol” que, tal como se decía en el derecho indiano, “las leyes se acatan, pero no se cumplen”, y en el derecho creado en el correismo, a más de no cumplirse, se lo creaba arbitrariamente.

En Democracia, la vigencia y cumplimiento de las leyes -sobre todo de la Constitución- es la sustancia que se mueve entre las funciones del Estado como sucede dentro de los vasos comunicantes. Pesos y contrapesos significan, en la metáfora propuesta que, si una Función no cumple con la Ley, la otra la fiscaliza y al final del día, por sobre todas está la Justicia, y ésta solo es aplicable por parte de los jueces, los cuales son -en teoría- el crisol del cumplimiento de la Ley.

No importaría, por ejemplo, que tengamos (o hayamos tenido) un Presidente autoritario pues, si su comportamiento era ajeno a la Ley, las otras cinco funciones fiscalizaban y sancionaban. Si algún Asambleista (o una mayoría de ellos) violaba concertadamente la Ley, los demás actuaban, ya destituyéndolos o enjuiciándolos. Esa es la Democracia. Lo reprochable de violar la ley -de lo que todos somos capaces, porque humanos somos- es la inexistencia de sanción. Lo contrario a la democracia, lo digo con convicción, no es la tiranía, es la impunidad.

Y la aplicación de la Ley se la hizo de manera implacable en contra de la gente que no pensaba ni se alineaba con el correismo, de quienes salimos a las calles, de quienes querían hacer negocios honrados y sin padrinos con el Sector Público. A los contrarios si se los sancionaba. Se les aplicaba la Ley.

Logró el gobierno anterior (con unas estelas gigantescas hasta el día de hoy) crear un Estado que en todas sus Funciones brillaba la impunidad como regla pues, tenían en todas, mayorías, las cuales actuaban adictas al Poder de uno solo, y éste, ya sea intimidando, o comprando, logró hacer que lo obedezcan, como la letra del Mariachi: “…y mi palabra es la ley”.

La impunidad tiene su nacimiento en la concentración del Poder en una sola persona, eso fue lo que la Burguesía procuró destruir en la Revolución Francesa, y por ello se teorizó y construyó a un Estado regido ya no solo por uno, sino por varios, con responsabilidades compartidas. Principio esencial de la Democracia es repudiar que uno solo gobierne y decida sobre vidas y bienes de la gente.

El profesor Kelsen  en su libro “Esencia y valor de la democracia” [1929], Labor, Barcelona, 1934, cap. VIII, p. 11, dice: «De las entrañas de su espíritu  provienen las palabras que Platón pone en boca de Sócrates en su Estado (III, 9), al preguntarle cómo se trataría a un hombre de cualidades excelsas, a un genio, en un Estado ideal: 'Le veneraríamos como a un ser divino, maravilloso y digno de ser amado; pero, después de haberle advertido que en nuestro Estado no existía ni podía existir un hombre así, ungiéndole con óleo y adornándole con una corona de flores, le acompañaríamos a la frontera'»

Hoy por hoy, al hombre de las cualidades descritas que gobernó el Ecuador por 10 años, no queremos acompañarlo a la frontera, -porque huyó-, sino que queremos que se le aplique la Ley, que responda por la impunidad que propagó y auspició, y que todos sus compañeros de fortuna rindan cuenta, siempre y cuando, claro, haya autoridades con convicciones democráticas y de valores éticos.

Ernesto Silva Bielecke

La democracia, el gobierno del pueblo, creada por los geniales griegos clásicos en el ágora de sus ciudades estados, es el sistema político más exitoso de los que actualmente existen y compiten con el mismo. El sistema de libertades individuales y de la sociedad la han fortalecido a lo largo de los más de cuatro mil años y la democracia no tiene visos de debilitarse, sino lo contrario ser cada vez más fuerte.

A su vez, la corrupción, es la contraparte o enfermedad mayor de la democracia. Sus oscuros acuerdos, la falta absoluta de transparencia, el ocultamiento sistémico, el favorecimiento de muy pocos en perjuicio de muchos y su actuar permanente en la penumbra son unas de sus principales características. La corrupción no aparece por sí sola y siempre está latente en ser la protagonista en un régimen político. ¿En qué tipos de estados o gobiernos irrumpe la corrupción con mayor fuerza? En aquellas naciones donde las ofertas gubernamentales, o incluso privadas, están notoriamente por debajo de la demanda social. Es aquí quienes no acceden a determinado servicio o bien, pagan a algún funcionario público o privado para obtener el mismo. Ese pago, puede ser dinero, bienes o servicios personales de la más variada índole con cifras bajas o muy altas. Corrupción se dá tanto en régimen totalitarios de izquierda o derecha como naciones con sistemas políticos débiles.

¿Es posible combatir y vencer a la corrupción? Por supuesto que sí, la democracia con sus tres poderes clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial, en un sistema de pesos y contrapesos que se controlan los unos a los otros sin que ninguno de los tres supere a los demás, la corrupción la tiene difícil. Como los actos públicos y privados se hacen y revisan a la luz pública, cualquier acto o intento de ocultamiento, pago de favores, es conocido inmediatamente y su intento perseguido y juzgado por la sociedad. Es la libertad, de palabra, acto o pensamiento, que combate eficazmente a la corrupción traducida en medios de comunicación libres e independientes, leyes que fortalecen y alientan la libre expresión y ciudadanos que hablan sin ser víctimas de la persecución por parte de alguna de las tres ramas estatales.

Sólo gozando de plenas libertades podremos combatir a la corrupción eliminando o disminuyendo, desde luego, los factores de desigualdad propios de nuestras sociedades.

 

REUNION PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

TEMA: MESA DE CONCERTACION SOBRE CORRUPCION E IMPUNIDAD EN ECUADOR

Patricia Carrera

La Plataforma está formada por 24 organizaciones. El 20 de septiembre se ha llevado a cabo uno reunión con los representantes de estas organizaciones para tratar el tema de la Corrupción e Impunidad en Ecuador, con la finalidad de integrar una propuesta, acuerdos y recomendaciones al Gobierno Nacional sobre esta temática. Y de ser posible llevar a concretar un Acuerdo Nacional Anticorrupción. La corrupción ha lastimado los principios de convivencia, debilitó al país.

La corrupción en Ecuador es algo “sistémico” pues está enquistada en el sistema y sustentada con penas mínimas por las leyes que fueron aprobadas con la Constitución de Montecristi.

Porqué el Ecuador llegó ha esta situación donde somos expectantes de la mayor corrupción que se ha suscitado en la historia democrática del país?.

Aquí se reconocen varios actores:

- El papel de las élites: Trabajadores, empresarios, maestros, médicos, han jugado un papel importante siendo actores pasivos, que no han reaccionado a tiempo ante los hechos de corrupción.

- Universidades: Las universidades han sido los grandes ausentes en esta tragedia que vive el país. La frase de “El país irá donde vayan las universidades” se aplicó como entes callados, corresponsables de la situación que vivimos.

- La Ciudadanía o sociedad civil, como se la quiera denominar, fue seducida por un discurso encantador con ofrecimientos que halagaban a sus oídos: Carreteras, bonos, textos de educación, salud, con lo cual fue sobornada y se convirtió en un ente pasivo cómplice con esta corrupción.

Dado el diagnóstico, cuál es la receta, qué es lo que debemos hacer ahora?.

- EDUCAR a la población. Un plan educativo a todo nivel para que la población recupere valores, sea un sujeto activo y con fundamentos para exigir y sancionar. Devolverle a la gente el mensaje de que la corrupción MATA.

- La Institucionalidad legal debe ser cambiada, evitando la concentración de poder, para que permita sancionar la corrupción en forma transparente e inmediata.

- Un Plan Anticorrupción que se aplique en todas las instituciones para que ellas evalúen en forma transparente, objetiva, y técnica su trabajo y la de todos sus funcionarios rindiendo cuentas a la ciudadanía de su accionar.

- La voluntad política del gobierno del presidente Lenin Moreno en emprender en una verdadera CIRUGIA contra la corrupción.

La lucha contra la corrupción requiere de un compromiso de TODOS. Involucrarnos activamente en nuestras obligaciones y exigir nuestros derechos, es parte de un proceso que tomará su tiempo pero que debemos comenzar por dar el primer paso con cambios urgentes que permitan la estabilidad económica y evitar la aparición de caudillos que quieran seguir gobernándonos.

Amparo Ponce Alvarado

Si bien el fenómeno de la corrupción es actualmente un tema que ocupa -y preocupa- a casi todas las sociedades contemporáneas por los efectos devastadores que tiene en el deterioro del tejido social, lo cierto es que no se trata de un fenómeno reciente. Si revisamos la historia de la humanidad, es innegable que la corrupción, en distintas versiones, con diferentes matices e intensidades y, por supuesto, con efectos diversos en el entorno, ha existido desde el mismo momento en que las sociedades humanas se organizaron bajo formas políticas de gobierno que establecían una separación entre quienes estaban “al frente del poder” y aquellos que conformaban “el pueblo llano”.

Cabe preguntarse entonces si ¿esta delegación del poder por parte de las grandes mayorías en un determinado grupo de personas para que éstas ejerzan el “gobierno” -independientemente incluso de la forma política que finalmente adopte dicha representación- de alguna manera alberga en sí misma -o propicia- las condiciones de aparición de la corrupción?. Llegar a tal conclusión resultaría sin duda por demás perverso y pondría en tela de juicio formas políticas de organización que han estado vigentes en el mundo desde hace siglos -entre ellas la democracia- y que, con más o menos aciertos han delineado la evolución de “lo político” al interior de la sociedad. En todo caso lo que sí es claro, es que la corrupción ha acompañado al ser humano desde un comienzo, sin distinción de ideologías o credos políticos, de épocas históricas y/o de espacios geográficos.

Sorprende, eso sí, la efervescencia con la que en el momento actual se debate sobre la corrupción, especialmente en la esfera de lo público y la prioridad y urgencia con la que se intenta enfrentarla a nivel global, así como la búsqueda de alternativas y/o mecanismos de solución, los que por la misma complejidad del fenómeno y los devastadores efectos que tiene tanto en el sector público como en el privado, abarcan una amplísima gama de alternativas y modelos, ninguno de los cuales -vale decir- al parecer ha logrado el éxito esperado.

Organismos internacionales de alcance global, como son: Transparencia Internacional (1993); OEA y Banco Mundial (1996); Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico/OCDE (1997); Naciones Unidas (2003); y más recientemente el Grupo de los 20 (2010); han buscado incorporar en las agendas de discusión de lo público, en distintos ámbitos y geografías, el tema de la corrupción, aunque siempre con resultados relativos. Cabe reconocer, sin embargo, que en algunos casos las recomendaciones, mecanismos y/o normativas propuestos por estos organismos de carácter internacional, han logrado efectivamente tener un cierto nivel de impacto en las agendas locales de los distintos países.

Por supuesto, las particularidades a nivel político y social de cada nación son distintas y cada caso amerita una aproximación diferente. Desde esta perspectiva, la única convergencia que hasta el momento se podría identificar en las agendas de discusión sobre la corrupción, tanto a nivel internacional como local, es la imposibilidad de soslayar el tema y la urgencia impostergable de combatir su propagación.

Urgencia que se vuelve imperativa si consideramos que este fenómeno actúa directamente sobre el tejido social, socavando las bases de las estructuras de principios y valores sobre los que se asientan las sociedades; estructuras que son las llamadas a sostener la normatividad vigente en cualquier sociedad o sistema, a partir de estándares colectivamente construidos y socialmente

aceptados. De acuerdo con Zuluaga (1996), la corrupción se hace presente, precisamente, cuando los comportamientos sociales, sean éstos individuales o colectivos, transgreden dichos estándares normativos.

Por supuesto, en el mundo existe gran diversidad de estándares normativos que obedecen al contexto histórico, social y cultural de cada sociedad o grupo humano. De ahí la imposibilidad de aplicar un mismo sistema de valoración y/o medición de la corrupción para todas las sociedades, pues dicha calificación deberá tomar en cuenta el sistema de valores específico que ha sido transgredido.

Pero entonces, en este universo de relatividades ¿es posible definir qué es corrupción?. Sin duda que sí, aunque dicha definición muy posiblemente no satisfaga a todos por igual. Para unos, como Tortosa (2013), la corrupción se instaura cuando se produce un abuso de poder a través de actos incorrectos; para otros ocurre cuando se violan normas éticas y legales, subordinando el interés general (propio de la política) al interés privado (Mény, 1996). Algunos más incluso la llegan a definir como un “vicio” de la política y la vida pública (Cortina, 2017).

Más allá de las coincidencias o divergencias que las distintas definiciones de corrupción puedan mostrar, lo verdaderamente importante de entender son los efectos devastadores que ha tenido en el tejido social y en la psiquis de los ciudadanos. Entre ellos está el haber logrado deslegitimar, por un lado, la institucionalidad pública y el quehacer político -afectando incluso la legitimidad de la democracia en sí misma- y, por otro lado, desdibujar el papel de lo privado en la sociedad a tal punto que a las prácticas corruptas en dicho entorno se las llegue a considerar como una “disfunción funcional” (Cortina, 2017), e incluso se las conciba como positivas, en tanto permiten o “alientan” el desarrollo económico y la actividad productiva.

Resulta evidente entonces que en la sociedad contemporánea se ha producido un desplazamiento del sistema de valores. El poder y el dinero son los grandes movilizadores de las nuevas generaciones, entre las que el prestigio social es el fin último de la vida. Es en función de estos valores que se establecen las relaciones y se delinean las conductas sociales, en las que poca o ninguna cabida tienen valores tradicionales o virtudes, tales como, la honestidad y la solidaridad.

Ahora bien, en la medida en que la corrupción impacta y debilita prioritariamente el tejido social -por principio- son los mismos sectores sociales que se ven atrapados en la(s) red(es) de corrupción y viven en carne propia los costos y perjuicios que ésta les impone, los llamados a combatirla y a buscar la manera de lograr lo que para Arellano y Hernández (2016) sería “un cambio en la manera de ejercer el poder y (re)equilibrar a las redes de poder fácticas”. En este sentido, el poder -y el deber- de la ciudadanía radican en ejercer su derecho a la denuncia, asumiendo la tarea de levantar la voz y evidenciar aquellos actos que atentan contra la normatividad y el sistema de valores vigentes. Solo así será posible rearmar moralmente a la sociedad.

 

“…son los individuos íntegros quienes hacen eficientes a los Gobiernos y a las administraciones públicas y quienes evitan los comportamientos antiéticos y amorales a que nos tiene acostumbrados la actual

clase políticaPosmodernia, mayo 2017

Abg. César Gualberto Guadalupe Oñate

La corrupción es un conflicto social y legal complejo, que exige de un esfuerzo que sobrepase el combate a sus efectos, exigiendo además una ofensiva a sus causas. En los últimos años, el Ecuador ha emprendido diversos esfuerzos para reducir la corrupción en el sector público, fortaleciendo el catálogo punitivo y dejando de lado la generación de programas de prevención que mejoren la gestión pública en el desempeño estatal. Así, la lucha contra la corrupción desde la prevención e integridad institucional a través de la generación del valor público, constituye una manifestación primigenia que permite el fomento de mecanismos que contrarrestan esta problemática.

En primer lugar, la prevención de la corrupción está enlazada con la implementación de políticas y programas de cumplimiento, que permiten generar buenas prácticas públicas para identificar los riesgos legales que impidan el cometimiento de un delito. El objetivo de este concepto es la mejoría de la experiencia del servicio público para los funcionarios y ciudadanos; conjugándose la competitividad y el ejercicio de las funciones del Estado en cumplimiento de la ley. Con ello, el enfoque desde lo público se asienta en el mejoramiento de los sistemas de toma de decisión y de gestión del Estado, contribuyendo a la mejoría de sus prácticas de prevención y control de la corrupción.

En segundo lugar, la integridad institucional se expone en la observancia de los principios de la administración pública, en el caso ecuatoriano, el artículo 227 de la Constitución establece los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Es decir, la administración estatal representada por los funcionarios públicos, debería ser prestada con objetividad a los intereses generales, cumpliendo con responsabilidad las atribuciones encomendadas. Sin embargo, la excesiva burocratización del Estado ecuatoriano ha permitido la obstaculización del funcionamiento del aparataje estatal y consecuentemente la aparición de verdaderas redes criminales que han abusado del poder público para obtener una ventaja ilegal e ilegítima.

Ahora bien, el primer paso en contra de la corrupción institucionalizada es rediseñar los procesos de control interno, priorizando el cumplimiento de objetivos reales en cada estamento público; capacitando periódicamente a los funcionarios sobre la importancia de la integridad en el ejercicio del cargo; supervisando a los mandos medios en el ejercicio de su actuación; y promoviendo una cultura abierta y transparente de denuncias de actos de corrupción que aseguren el anonimato de los denunciantes.

En Ecuador se ha manifestado de manera agravada la erosión de la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, y con ello el incremento de un imaginario colectivo sobre el que descansa la corrupción; es decir, el valor de lo público está en entredicho a tal punto de ser inexistente. Por tanto, surge la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad hacia las instituciones públicas, esto es el valor público. Esta noción no sólo implica la observancia de la ley, sino que va más allá, es decir la constitución de un activo intangible como un producto vital inherente a las instituciones públicas; lo cual se traduce en la respuesta de los organismos públicos a la sociedad, expresados en equidad, justicia, bienestar social y satisfacción de las necesidades poblacionales.

El fomento del valor público busca un cambio de actitud en los funcionarios públicos, creando un canal de doble vía entre los servidores y los ciudadanos. Por un lado, los empleados estatales agregan valores a su trabajo (ética profesional, integridad, transparencia y rendición de cuentas) que beneficien el combate a la corrupción en el desempeño de sus funciones; y por otro, se genera un cambio de percepción desde la ciudadanía hacia la administración pública.

Fuentes:

Auditoría Superior de la Federación. (02 de mayo de 2014). Recuperado el 16 de octubre de 2018, de http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_mex_ane_63.pdf.

Lucena Cid, I. V. (04 de Noviembre de 2016). Recuperado el 16 de Octubre de 2018, de https://revistas.ucm.es/index.php/CGAP/article/download/55086/50163.